En línea con la estrategia de hacer de Bilbao un puerto más competitivo, la Autoridad Portuaria ha elaborado una nueva propuesta de valoración de los terrenos y aguas de la zona de servicio del Puerto de Bilbao con el objetivo de reducir las tasas portuarias que pagan los usuarios instalados en sus terrenos.
Una vez aprobada, esta nueva valoración implicará que el suelo portuario sea más barato, con el consecuente ahorro de costes a la inmensa mayoría de las aproximadamente 200 empresas instaladas en su superficie, suponiendo un impacto económico negativo en los ingresos de la Autoridad Portuaria de Bilbao por un importe anual superior a 1.500.000 euros, lo que representa una menor recaudación del orden del 7% en la tasa de ocupación.
Para la elaboración de esta propuesta de valoración de terrenos y lámina de agua se han tenido en cuenta los criterios fijados al respecto en la normativa portuaria que, partiendo de su determinación con sujeción a criterios de mercado con referencia a términos municipales próximos y con similares usos y condiciones, se establece la aplicación de diversos coeficientes correctores de naturaleza portuaria a las diversas áreas funcionales en que se divida la zona de servicio portuario, tanto en su ámbito terrestre como de aguas.
Se espera que, una vez realizados todos los trámites pertinentes de acuerdo al texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, los nuevos valores de aplicación a las
tasas portuarias entrarán en vigor a lo largo del ejercicio 2018.
Dos rebajas de tasas en cuatro años
En el ejercicio 2014 entró en vigor una rebaja, en torno al 8%, de los tipos impositivos de aplicación a la tasa de ocupación, que supuso un impacto económico negativo para la Autoridad Portuaria de Bilbao superior a los 2 millones de euros.
Por lo tanto, una vez aprobada esa nueva valoración de terrenos, en cuatro años se habrán llevado a cabo dos reducciones importantes en las tasas portuarias que afectan negativamente a la cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria, por un importe anual superior a los 3,6 millones, pero de manera muy positiva en las empresas instaladas en sus terrenos, que favorece su competitividad y redunda en la economía del País.